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El congreso, de carácter extraordinario, se celebró en el marco de la designación de Valencia Capital Española de Economía Social 2024, reconocimiento al que se sumaron las universidades valencianas. Bajo el lema de “La administración pública y la economía social: aliados para una prosperidad inclusiva”, el Congreso contó con la participación de más de 200 personas, entre ellos investigadores de 33 universidades; altos cargos y técnicos de 8 administraciones públicas locales, autonómicas y del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y representantes del sector cooperativo y de la economía social de diversas comunidades autónomas, España y el continente europeo.
La Comisión Europea ha promovido un estudio coordinado por EURICSE, CIRIEC y Spatialforesight, cuyo objetivo principal es ofrecer información cuantitativa y cualitativa sobre la economía social en los 27 Estados miembros de la UE. El proyecto se ha operativizado a través de la ‘European Innovation Council and SMEs Executive Agency’ (EISMEA). El estudio, titulado Benchmarking the socio-economic performance of the EU social economy – Improving the socio-economic knowledge of the proximity and social economy ecosystem, se centra en proporcionar una visión completa sobre las entidades, los empleados, el valor económico y los sectores de actividad de la economía social en Europa. El presente Tema de actualidad de la revista ‘Noticias de la economía pública, social y cooperativa’ integra, además de la presentación general, dos elementos del citado informe, por un lado, el Informe de síntesis y, por otro lado, el capítulo 4, correspondiente a las dimensiones estadísticas de la economía social europea.
Simel Esim, economista turco-estadounidense, dirige la cartera de la OIT sobre Economía Cooperativa, Social y Solidaria (ilo.org/coop) desde 2012, año en que se convirtió en la primera mujer en ser nombrada jefa de dicha Unidad desde 1920. Entre los hitos de su trayectoria se encuentra haber dirigido en 2022 el informe de la OIT sobre trabajo decente y ESS. El debate general de la 110ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) desembocó en la adopción de la Resolución sobre ESS y trabajo decente, que incluyó una primera definición global de Economía Social y Solidaria, definición que meses después fue adoptada en la Asamblea General de la ONU, en su Resolución sobre ESS y desarrollo sostenible. De todos estos logros nos habla Simel Esim en la presente entrevista.
MigraCoop es un proyecto impulsado por FEVECTA, a través de su Fundación para la Cooperación y el Fomento del Cooperativismo (FCFC), con la intención de dar respuestas innovadoras a los retos que plantea la migración y la revitalización del medio rural en la España vaciada. El proyecto se dirige a todas aquellas personas, agentes de cambio, colectivos y organizaciones con retos por resolver alrededor de la migración, la revitalización del medio rural y el trabajo cooperativo.
Vamos a dar cuenta de una medida de política pública tendente a fomentar la participación de los trabajadores en la empresa, por su carácter particular e innovador y porque podría ser referente para otras comunidades autónomas. Se trata de la Orden nº 23 de 8 de mayo de 2024, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, por la que se aprueban las bases para la convocatoria de ayudas para la participación de personas trabajadoras en empresas, y se efectúa su convocatoria para el año 2024 (BOPV n.º 96, de 17 mayo 2024). El objeto de esta Orden es fomentar la participación de las personas trabajadoras en las empresas, distinguiendo según se trate de empresas de economía social (capítulo I) o empresas que no son de economía social (capítulo II). La justificación de esta política se debe según la propia Orden al “paulatino incremento del interés que muestran las empresas vascas por incrementar el grado de participación de sus personas trabajadoras, tanto en las empresas de Economía Social como en las que no lo son”. Más allá del interés manifestado por el Gobierno Vasco para promover la participación de las personas trabajadoras en la empresa, cabe decir que hay también un interés general de ámbito estatal en ello y que compromete a todos los poderes públicos.