Entrevista a Luis Vañó Gisbert, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de lo Social de la Comunitat Valenciana y del CERMI CV

– Estimado Luis Vañó, usted ostenta la presidencia de la Plataforma del Tercer Sector de lo Social de la Comunitat Valenciana (PTSCV) desde 2018, en representación del CERMI CV, entidad que, si no me equivoco, preside desde 2017, ¿cómo definiría usted el estado de salud actual del tercer sector valenciano y su evolución en los últimos años?

– Muchas gracias a CIRIEC y al IUDESCOOP por esta oportunidad. Respondiendo a su pregunta, definiría el estado de salud del Tercer Sector Social valenciano como una mezcla de fortaleza y de tensión. Es, paradójicamente, más fuerte, profesionalizado y cohesionado que nunca, pero a la vez está sometido a un estrés financiero y operativo sin precedentes.

En cuanto a la evolución en los últimos años, el cambio más significativo ha sido nuestra vertebración. Hemos transitado de ser un conjunto de entidades, a veces dispersas y con distintos grados de profesionalización, a consolidarnos como un sector estratégico, unido y con una voz propia.

La creación de la propia Plataforma del Tercer Sector (PTSCV) es la prueba de ello. Esta madurez se ha traducido en un reconocimiento institucional clave: ya no se nos ve únicamente como meros prestadores de servicios o ejecutores de subvenciones, sino como interlocutores sociales imprescindibles para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La reciente aprobación de la Mesa de Diálogo Civil con el Tercer Sector de Acción Social es un hito que formaliza esta relación de cogobernanza con la Generalitat.

Sin embargo, esta fortaleza organizativa convive con retos inmensos que marcan la salud actual del tercer sector. Nuestra capacidad de resiliencia ha quedado demostrada, pero también el agotamiento.

Hemos respondido de forma ejemplar a crisis encadenadas: primero la pandemia de la COVID-19, luego la crisis inflacionaria y el aumento del coste de la vida, y muy recientemente la devastadora tragedia de la DANA de octubre de 2024.

En todos estos escenarios, el Tercer Sector ha sido el primer dique de contención y el principal brazo ejecutor de la solidaridad.

Esta realidad ha provocado que la demanda de apoyo por parte de la ciudadanía se haya disparado, mientras nuestros costes operativos (energía, suministros, salarios) también crecen. Por tanto, el gran desafío actual es la sostenibilidad.

El sector está maduro y unido, pero su «salud» depende de que se establezca un marco de financiación estable, ágil y suficiente, que reconozca el coste real de los servicios y garantice nuestra viabilidad.

Precisamente por eso, la futura Ley del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana es la herramienta fundamental que esperamos. Acabamos de iniciar el proceso de elaboración «codo con codo» con la Generalitat, participando activamente en la consulta pública inicial y en jornadas participativas, y confiamos en que esta ley sea la que consolide definitivamente nuestro papel y nos dé la seguridad jurídica y financiera que necesitamos para seguir atendiendo a las personas más vulnerables.

– Enseguida le preguntaré por dicha Ley, señor Vañó, pero antes me gustaría comentarle que veo a la PTSCV, al igual que sus homólogas de otros territorios de España, como una gran Plataforma de Plataformas. ¿Me puede detallar qué organizaciones forman parte actualmente de la PTSCV, cuántas personas trabajan y colaboran en ellas, y de cuántos beneficiarios podríamos estar hablando?

– Efectivamente, el nombre «Plataforma de Plataformas» es la definición más precisa. La PTSCV no es una entidad que afilie directamente a pequeñas asociaciones, sino que representa la unidad de las grandes redes del Tercer Sector Social valenciano. Nuestra fuerza radica en esta unión. Actualmente, la Plataforma del Tercer Sector de lo Social de la Comunitat Valenciana está integrada por seis organizaciones troncales:

1. El CERMI CV (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana), que tengo el honor de presidir.
2. La EAPN CV (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social).
3. Cruz Roja Comunitat Valenciana.
4. Cáritas Comunitat Valenciana.
5. ONCE de la Comunitat Valenciana.
6. La Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana.

Darle una cifra consolidada y exacta del total de personas y entidades es enormemente complejo, precisamente porque cada una de estas seis plataformas agrupa, a su vez, a cientos de entidades de base y delegaciones territoriales. No hablamos de seis entidades; hablamos de miles de puntos de atención y acción social distribuidos por todo el territorio valenciano. Si bien las estadísticas específicas de la Comunitat están en constante actualización (un reto en el que trabajamos), sí puedo decirle que estamos hablando del principal motor de la cohesión social valenciana.

En cuanto a personas trabajadoras, el sector moviliza a decenas de miles de profesionales en la Comunitat. Somos un sector profesionalizado y un importante generador de empleo, especialmente femenino.

Respecto a las personas voluntarias (colaboradoras), su fuerza es inmensa. Sumando las bases sociales de todas las plataformas hablamos de cientos de miles de personas voluntarias que dedican su tiempo a los demás.

Y en relación con las personas beneficiarias, el impacto es masivo. Atendemos a cientos de miles de valencianos y valencianas en situación de vulnerabilidad, ya sea por pobreza, discapacidad, soledad, o cualquier otra circunstancia de exclusión.

– Y como ya ha mencionado, uno de los retos en los que está trabajando desde prácticamente sus orígenes la PTSCV, codo con codo además como dice usted con la Generalitat Valenciana, es en la elaboración de una Ley del Tercer Sector en la Comunitat, cuya aprobación parece inminente. ¿Cómo se encuentra la tramitación de dicha Ley y cuándo podría al fin ser aprobada?

– Esta es, sin duda, la herramienta legislativa más importante y esperada por el sector en la última década. Es una reivindicación histórica en la que llevamos trabajando desde los orígenes de la Plataforma, cuando ya en 2020 presentamos, con el asesoramiento del CIRIEC, una primera propuesta articulada. ¿Que cómo se encuentra la tramitación y cuándo podría aprobarse? Debo matizar la percepción de «inminencia». Aunque es un objetivo prioritario, la Ley no se encuentra en su fase final, sino en fase aún inicial pero crucial de construcción y de diálogo.

El proceso formal arrancó en el verano de 2024, cuando la Generalitat abrió el trámite de consulta pública previa, al que desde la PTSCV respondimos con un documento detallado de aportaciones.

Hace poco más de un año, el pasado 25 de octubre de 2024, participamos activamente en la «Jornada Participativa: Reconociendo al Tercer Sector», organizada por la Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana. Esta jornada fue fundamental para poner en común los retos y las bases de la futura ley en un proceso de construcción colectiva.

Año y pico después seguimos al comienzo del trabajo legislativo. Nuestro objetivo, que compartimos con la Generalitat, es que en los dos años que restan de legislatura podamos tener un borrador sólido de Proyecto de Ley, para que, ojalá, pueda entrar en Les Corts para su debate y aprobación final.

– ¿Cuáles serían las aportaciones más destacadas que podemos esperar de esta Ley?

– Esta ley no es una declaración de intenciones; busca un cambio de paradigma. Las aportaciones clave que exigimos son cuatro:

1º Un Nuevo Modelo de Financiación (La clave. Es el pilar central). Necesitamos superar con urgencia el actual modelo de subvenciones, que genera inseguridad y precariza al sector. La ley debe apostar por fórmulas estables como la acción concertada (concierto social) como instrumento preferente, subvenciones plurianuales y, fundamentalmente, que se financie el coste real de los servicios, incluyendo los gastos de estructura y gestión que ahora no se cubren.

2º Consolidación del Diálogo Civil: La ley debe garantizar nuestra participación real y efectiva en el diseño, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas, no solo las sociales. Esto implica blindar en la propia ley la Mesa de Diálogo Civil y otros órganos de participación, para que no dependan de la voluntad política del momento.

3º Un Cambio de Modelo (de Subsidiariedad a Complementariedad). Es un cambio filosófico. La Administración debe dejar de vernos como un actor subsidiario. La ley debe reconocer que las entidades sociales no somos subsidiarias, sino imprescindibles. Somos parte de un modelo de colaboración público-social complementario.

4º Simplificación Administrativa: es vital reducir la excesiva burocracia y homogeneizar los criterios de justificación.

– ¿Se encuentran satisfechos con la propuesta que se está trabajando?

– A día de hoy no existe una «propuesta» de ley cerrada, sino un proceso de elaboración abierto. Y sí, estamos muy satisfechos con la metodología que se está empleando. La Generalitat ha entendido que esta no puede ser una ley para el Tercer Sector, sino una ley con el Tercer Sector. El inicio de la consulta pública y la convocatoria de jornadas de trabajo participativas demuestran la voluntad de trabajar «codo con codo».

Sentimos que nuestras reivindicaciones históricas, como la necesidad de estabilidad financiera y el diálogo civil, están siendo escuchadas y forman el núcleo del debate. Estamos satisfechos con el inicio de este camino y somos optimistas sobre el resultado, siempre que se mantenga este espíritu de cogobernanza.

– La que sí se ha aprobado ya es la Ley del Voluntariado de la Comunitat Valenciana. ¿Cuáles serían en su opinión los principales logros de dicha Ley?

– Efectivamente, la Ley 4/2025, de 22 de mayo, de voluntariado de la Comunitat Valenciana, ya es una realidad publicada. Es una norma fundamental para nosotros, ya que el voluntariado es el alma y el motor del Tercer Sector de Acción Social. Y, como usted seguramente intuye, ha sido una ley muy participada.

El proceso se inició con una consulta pública en septiembre de 2023, en la que desde el CERMI CV y otras entidades del Tercer Sector presentamos un documento de propuestas muy detallado.

Continuó con jornadas de trabajo, como la de octubre de 2023, donde todo el sector pudo debatir y definir «el voluntariado que queremos». Esto es crucial, porque las aportaciones de la ley y nuestra satisfacción con ella están directamente relacionadas con ese proceso de diálogo.

En mi opinión, la ley moderniza y da la entidad que se merece a la acción voluntaria, superando un marco que ya tenía más de veinte años. Destacaría varios puntos clave:

1º Define y clarifica: por primera vez distingue claramente entre las «acciones de solidaridad» (más puntuales o esporádicas) y las «actividades de voluntariado», que son las que se desarrollan de forma organizada a través de una entidad.

2º Reconocimiento formal. Esta es una aportación clave que el sector demandaba. La ley establece la acreditación y el reconocimiento de las competencias y aptitudes adquiridas por la persona voluntaria. Esto dignifica la labor y la pone en valor, por ejemplo, en un currículum. La ley incluye la creación de una «tarjeta del voluntario».

3º Modernización de Ámbitos: Actualiza los ámbitos de actuación para incluir realidades nuevas, reconociendo explícitamente el voluntariado digital, online o virtual y el voluntariado corporativo, que fueron temas centrales en las jornadas participativas.

4º Garantías y Profesionalización: Refuerza las obligaciones de las entidades. Ahora es un deber claro contar con un Plan de Voluntariado, formalizar un «acuerdo de incorporación» y garantizar la formación y el seguro de accidentes y responsabilidad civil de todas las personas voluntarias.

5º Participación de menores: permitiendo el voluntariado a partir de los 12 años (con condiciones específicas de acompañamiento y autorización) y a partir de los 16 (con consentimiento).

– ¿Satisface la Ley del Voluntariado las expectativas de la PTSCV y del movimiento de la discapacidad?

– Sí, rotundamente. Y la razón principal es, como decía al inicio, que hemos sido parte activa de su elaboración.

Desde el movimiento de la discapacidad (CERMI CV) teníamos reivindicaciones muy claras que presentamos en octubre de 2023. La principal era garantizar la inclusión y la accesibilidad de las propias personas con discapacidad como agentes voluntarios. La ley ha recogido esta visión. Establece la accesibilidad como un principio fundamental y obliga a las entidades a garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal de las personas voluntarias con discapacidad, adaptando la formación y las actividades a sus capacidades. Esto era irrenunciable para nosotros y se ha cumplido.

En general, tanto las propuestas del CERMI CV como las conclusiones de las jornadas participativas (donde la PTSCV tuvo un papel clave) se ven reflejadas en el texto final: La apuesta por la formación, la creación de registros, la clarificación de derechos y la promoción de la participación en órganos como el Consejo Valenciano del Voluntariado. Es una ley moderna, que responde a la realidad del sector porque el tercer sector ha ayudado a construirla.

– Hace ya más de un año de la tragedia de la DANA de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, tragedia a la que la sociedad valenciana y organizaciones del tercer sector reaccionaron rápidamente, desplegándose en miles de iniciativas de apoyo y solidaridad con las poblaciones y personas más afectadas ¿cómo ha cambiado la DANA a la Plataforma del Tercer Sector CV? ¿Qué iniciativas se han tomado en previsión de futuras emergencias?   

– La DANA de 2024, con sus terribles consecuencias, nos apremia a una reflexión profunda y, sobre todo, a la acción.

Fue una tragedia inmensa, pero también una radiografía implacable de las fracturas de nuestro sistema. Expuso que los sistemas de emergencia no estaban diseñados para proteger a toda la ciudadanía, dejando desproporcionadamente atrás a las personas con discapacidad, mayores y en general a todas las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

La DANA no nos ha cambiado; nos ha transformado. La DANA de octubre de 2024 fue una prueba de fuego que, más que cambiar nuestro papel, reafirmó con una fuerza incontestable el rol que siempre hemos ejercido: el de ser un agente de primer orden en la colaboración y la cohesión social.

El Tercer Sector, y la Plataforma como su eje vertebrador, demostró ser la primera línea de defensa cuando los sistemas oficiales, diseñados para emergencias genéricas, se vieron completamente superados.

La DANA evidenció que no somos un actor secundario de apoyo al que llamar después de la crisis; somos y siempre hemos sido un socio estratégico para estar en la mesa antes y durante la emergencia.

Esta eficacia demostrada se debe a que la DANA no requería una respuesta genérica, sino miles de respuestas específicas. Ahí es donde la fortaleza de la Plataforma, como «Plataforma de Plataformas», se reveló insustituible.

Nuestra capilaridad, nuestro conocimiento detallado de la vulnerabilidad y la confianza que tenemos con nuestros colectivos fueron el activo más eficaz.

Así es como cada pilar de la PTSCV lo demostró:

• Cáritas CV y Cruz Roja CV (La Capilaridad Logística): Ellos no necesitaron una orden de activación; ya estaban allí. Su presencia en cada barrio y pueblo fue la primera red de seguridad que funcionó, proporcionando ayuda humanitaria urgente mientras el sistema oficial aún evaluaba daños.

• EAPN CV (La Inteligencia de la Vulnerabilidad): La Red de Lucha contra la Pobreza y sus entidades (nivel 2 y 3) no necesitaron mapas. Sabían qué barrios eran los más precarios y llegaron a familias vulnerables a las que la administración no tenía registradas.

• CERMI CV y ONCE CV (El Conocimiento Especializado): Aquí es donde el fracaso del sistema genérico fue más evidente. Las alertas oficiales fueron inútiles para las personas sordas y las evacuaciones imposibles para quienes dependían de ascensores o sillas de ruedas eléctricas.

Desde CERMI CV y nuestras federaciones tuvimos que activar nuestros propios censos para localizar a personas electrodependientes o gestionar crisis sensoriales en personas con autismo.

La ONCE tuvo que gestionar la crisis de sus afiliados ciegos, que perdieron sus referencias de movilidad.Demostramos que un plan de emergencias que no es inclusivo no es un plan: es un riesgo en sí mismo.

• La Plataforma del Voluntariat CV (La Movilización Humana): Ante el «río de solidaridad» espontáneo, que un sistema colapsado no puede gestionar, fueron nuestras plataformas las que canalizaron esa energía, organizando a miles de voluntarios para convertir la buena intención en ayuda efectiva.

En conclusión, la DANA demostró con hechos que el Tercer Sector no es un complemento. Somos la red logística (Cáritas/Cruz Roja), la inteligencia de vulnerabilidad (EAPN), el servicio de respuesta especializada (CERMI/ONCE) y el motor de movilización ciudadana (P. Voluntariado).

Reafirmamos, por tanto, nuestro lugar como parte indispensable de la infraestructura de protección civil, y esa es la razón por la que ahora estamos en la «cadena de mando», co-creando con más fuerza los nuevos planes de emergencia.

Ademas, nuestra respuesta no fue solo reactiva; fue inmediatamente proactiva y constructiva. A raíz de la tragedia, nuestra principal iniciativa no fue solo documentar las pérdidas, sino liderar la transformación del sistema para que esto no vuelva a ocurrir. El primer gran resultado de esta nueva legitimidad se ve en el Plan Endavant.

– ¿Por qué? ¿Qué novedades incluye el Plan Endavant, de Recuperación y Reconstrucción de la Comunitat Valenciana, de interés para el tercer sector y el movimiento de la discapacidad? Tengo entendido que ustedes presentaron 50 alegaciones al Plan.

– Valoramos muy positivamente su versión final (del 19 de agosto de 2025); es un hito y un éxito de nuestra incidencia. Como bien menciona, desde el CERMI CV presentamos un documento con más de 50 alegaciones detalladas. Nuestra estrategia no fue solo reivindicativa, sino proactiva, constructiva y de un altísimo rigor técnico. El resultado ha sido un auténtico cambio de paradigma.

El impacto más significativo está en la gobernanza. El CERMI CV figura explícitamente en el documento final como entidad participante en la mesa de trabajo del «Pilar A: Personas». Esto nos valida formalmente como coautores de la solución.

Gracias a esta participación, el Plan Endavant adopta nuestra filosofía de «Reconstruir Mejor» e incluye medidas que impulsamos directamente.

El Plan Endavant habilita y se alinea con el nuevo Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción. Gracias a nuestra insistencia, este Plan Director nace con el principio de «Inclusión y Vulnerabilidad» como uno de sus pilares. Este es el «Modelo Valencia» del que tanto hablamos. Se basa en el Plan de Emergencias Inclusivo (PEI) que el CERMI CV elaboró tras la DANA, un documento que define el «Principio de Inclusión por Defecto»: la accesibilidad no es un anexo, es el punto de partida del diseño.

Este modelo se consolidó cuando la Generalitat nos invitó a un intenso proceso de co-creación, incorporando íntegramente nuestras 18 propuestas técnicas en la nueva guía oficial de emergencias.

En resumen, la DANA nos ha consolidado como un agente político de primer orden. Ahora usamos esa legitimidad para garantizar que este cambio se implemente.

– ¿Qué repercusión puede tener el Plan Endavant en las personas beneficiarias del Tercer Sector?

– Aquí es donde vemos los resultados más concretos de nuestra incidencia. El Plan Endavant repercute directamente en la vida de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad con medidas estratégicas, recogidas en el Pilar A: Personas:

En primer lugar, el Registro Voluntario de Personas con Discapacidad (Iniciativa A.3.1) es, quizá, la medida más estratégica que conseguimos incluir. Es una herramienta estructural con un doble fin: a corto plazo (Recuperación) permite a la administración identificar de forma proactiva a las personas con necesidades específicas (ayudas técnicas perdidas, barreras sobrevenidas) para agilizar la gestión de ayudas. A largo plazo (Prevención) es una herramienta fundamental para el futuro Plan Director de Emergencias. Los servicios de rescate sabrán de antemano dónde se encuentran las personas que requieren transporte adaptado, comunicación en Lengua de Signos o apoyo para la evacuación, permitiendo una respuesta proactiva y precisa.

En segundo lugar, el Plan refuerza los sistemas que son vitales para la autonomía, para evitar la institucionalización de personas que han visto agravada su situación. Esto incluye la agilización de la valoración de la dependencia y el refuerzo de los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD).

En tercer lugar, el Plan reconoce el trauma especialmente agudo para las personas con discapacidad, y contempla la creación de unidades de apoyo psicológico post-trauma, una medida fundamental para la recuperación integral.

Por último, se crea la Red de Seguridad Económica (Iniciativa A.3.5), que adapta y agiliza el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para las familias en situación precaria que han perdido su hogar o empleo, previniendo la «exclusión social severa».

– Ha mencionado usted también en algún momento de la entrevista la importancia de la creación de la Mesa de Diálogo Civil con el Tercer Sector de Acción Social. Dicha mesa se creó en 2023 como órgano colegiado de carácter consultivo, a través del cual canalizar el diálogo entre la Generalitat y las organizaciones del Tercer Sector con implantación en la Comunitat Valenciana. ¿Cómo está funcionando la Mesa de Diálogo Civil y qué principales resultados está obteniendo?

– Esta es una cuestión fundamental para nosotros, ya que representa la culminación de una reivindicación histórica del sector: pasar de una interlocución informal y dependiente de la voluntad política a una cogobernanza real e institucionalizada.

La Mesa de Diálogo Civil, creada formalmente por el Decreto 62/2023, es la herramienta clave que hemos impulsado para esa interlocución transversal con la Generalitat. Sus funciones son cruciales: garantizar la participación del Tercer Sector en las políticas públicas, ser informada de iniciativas normativas y formular propuestas estratégicas.

Sin embargo, y aquí respondo directamente a su pregunta: en este momento (noviembre de 2025), la Mesa de Diálogo Civil aún no ha sido constituida oficialmente. Esto significa que, aunque contamos con un marco normativo claro, todavía no existe un espacio formal y operativo de colaboración bajo ese paraguas. Por lo tanto, la Mesa no ha empezado a funcionar ni ha podido generar los resultados tangibles para los que fue diseñada.

Ahora bien, esto no implica que no haya existido diálogo. Lo que ha ocurrido es que el diálogo se ha producido de manera fragmentada o reactiva. Hemos tenido una colaboración intensa y positiva en foros específicos, como las jornadas participativas para la futura Ley del Tercer Sector. Y, sobre todo, hemos demostrado una capacidad de cogobernanza sin precedentes durante la gestión de la tragedia de la DANA.

La colaboración en el diseño del Plan Endavant, donde desde el CERMI CV logramos incluir más de 50 alegaciones, es la prueba palpable de que el diálogo funciona y produce resultados eficaces. Pero esta es precisamente la paradoja: la DANA demostró por qué la Mesa de Diálogo Civil es tan urgente. El éxito del Plan Endavant se basó en un diálogo de facto, forzado por la crisis. La Mesa de Diálogo Civil debe institucionalizar ese modelo de trabajo para que no dependa de una emergencia, sino que sea la forma ordinaria de gobernar.

Por tanto, aunque valoramos la colaboración específica que mantenemos con las distintas Consellerias, desde la Plataforma del Tercer Sector y el CERMI CV consideramos prioritaria e irrenunciable la constitución inmediata de la Mesa. Es la herramienta imprescindible para pasar de un diálogo de reacción (responder a crisis) a un diálogo de proacción (planificación estratégica), garantizando la participación efectiva y la transparencia que merecen las personas más vulnerables.

– El Tercer Sector valenciano además de trabajar con las administraciones públicas mantiene una relación creciente con entidades de la sociedad civil y también con las universidades de la Comunitat Valenciana ¿cómo son las relaciones entre el tercer sector valenciano y las universidades?

– Definiría la relación como excelente, estratégica y fundamental. No es una relación puntual, sino una alianza estructural que se ha fortalecido inmensamente en los últimos años. Las universidades valencianas, y muy especialmente la Universitat de València a través de institutos de referencia como el IUDESCOOP y el propio CIRIEC, son un socio indispensable para nosotros. Nuestra colaboración se articula en tres grandes ejes donde esta simbiosis es evidente. El primero, en el de la investigación. El Tercer Sector ha superado la etapa de basar sus reivindicaciones únicamente en la experiencia; ahora las basamos en la evidencia y los datos. Cuando desde la PTSCV elaboramos propuestas legislativas, como la futura Ley del Tercer Sector, lo hacemos sobre informes rigurosos, como los del CIRIEC, para cifrar nuestra dimensión económica.

Esta alianza se materializa en el asesoramiento experto de académicos, pero también en estructuras formales como los convenios que la Generalitat mantiene con las universidades públicas, destinando fondos para fomentar la investigación aplicada a los servicios sociales.

El segundo eje es el de la Cogobernanza y el Diseño de Políticas. Consideramos a la universidad como un actor clave de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas. Por ello participan activamente en las jornadas de diálogo, como las de la Ley del Voluntariado o las de la Ley del Tercer Sector, donde el IUDESCOOP fue un participante destacado.

Esta colaboración va más allá, creando espacios estables de transferencia de conocimiento, como la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat en la Universidad de Alicante, que trabaja codo con codo con nuestras entidades.

El tercer eje es el de la Formación de Capital Humano y Especialización. Las universidades son la cantera de los futuros profesionales del Tercer Sector y el principal foco de voluntariado joven y cualificado. La nueva Ley de Voluntariado así lo reconoce, dedicando un artículo a su promoción en la universidad.

Pero esta colaboración se vuelve crucial en la formación especializada: en el ámbito de la discapacidad, por ejemplo, desde el CERMI CV desarrollamos el programa ‘Campus Capacitas’ con la Universidad Católica de Valencia, centrado en la inclusión en la Educación Superior.

En retos de futuro vemos a la Universitat Politècnica participando en iniciativas de economía circular.

Y en atención directa, la Universidad Católica mantiene convenios con la Conselleria para programas vitales como el de Atención Temprana y el Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad.

En resumen, la relación es de simbiosis: nosotros aportamos la experiencia directa y el pulso de la realidad social, y las universidades nos proporcionan el rigor metodológico, la investigación y el capital humano formado para poder aplicar ese conocimiento, profesionalizar nuestra acción y transformar esa realidad social con mayor impacto y eficacia.

– En efecto, en las universidades valencianas, particularmente en la Universitat de València, con el IUDESCOOP y CIRIEC, existe uno de los polos más importantes a nivel internacional de investigación y formación en economía social y tercer sector ¿Cree, no obstante, que es suficiente? Por otra parte, ¿atienden adecuadamente las universidades valencianas las peticiones del Tercer Sector y la Discapacidad en temas de inclusión de alumnado desfavorecido, accesibilidad y otro tipo de barreras que pueden sufrir los alumnos y profesorado? ¿Y cómo son las relaciones del tercer sector con la otra gran pata de la economía social, que son fundamentalmente las cooperativas, con gran tradición y arraigo en la Comunitat Valenciana?

– Esta es una pregunta excelente que toca tres de los grandes retos de nuestro ecosistema. ¿Es suficiente la investigación? Efectivamente, tenemos el privilegio de contar en la Comunitat Valenciana con un polo de conocimiento de referencia internacional como es el IUDESCOOP y CIRIEC. Son nuestros grandes aliados para dotar de rigor y datos a nuestras reivindicaciones. Pero si me pregunta si es «suficiente», mi respuesta, como presidente de la Plataforma, debe ser que no, aún no lo es. El gran reto que tenemos por delante no está en la producción de conocimiento, que es excelente, sino en su transferencia y capilaridad. Es decir, necesitamos que esa investigación de alto nivel no solo sirva para fundamentar leyes, sino que permee y se aplique en el día a día de la gestión de nuestras entidades de base.

Necesitamos una investigación más aplicada que nos ayude a resolver nuestros retos urgentes: cómo medir nuestro impacto social de forma sencilla, cómo implementar la transformación digital en pequeñas asociaciones o cómo garantizar la sostenibilidad financiera. El conocimiento existe, pero debemos crear puentes más ágiles para que llegue a la trinchera de la acción social.

En el ámbito de la inclusión y accesibilidad, como presidente del CERMI CV debo reconocer que se ha avanzado enormemente, pero el camino que queda es inmenso. Se ha superado la fase en la que la discapacidad era invisible. Hoy, casi todas las universidades cuentan con unidades de apoyo, servicios de atención y programas específicos, algunos tan potentes como el «Campus Capacitas» que le mencionaba antes.

Sin embargo, la inclusión real va mucho más allá de la accesibilidad física o de tener un servicio de apoyo. El gran reto pendiente no son solo las barreras arquitectónicas, sino las barreras digitales, cognitivas y curriculares. Hablamos de campus virtuales que no son accesibles para personas ciegas, de métodos de evaluación que no se adaptan a personas con dificultades de aprendizaje, o de la falta de ajustes razonables para el profesorado con discapacidad.

El reto es pasar de un modelo de «apoyos» para estudiantes con discapacidad a un modelo de «Diseño Universal para el Aprendizaje», donde la accesibilidad y la inclusión sean el estándar por defecto en el diseño de los estudios.

– ¿Y cómo es la relación con el movimiento cooperativo valenciano?

– Esta es una de las grandes asignaturas pendientes que estamos aprobando.

Históricamente, el Tercer Sector de Acción Social (asociaciones, fundaciones) y el mundo cooperativo han caminado en vías paralelas. Ambos somos Economía Social, pero nos hemos mirado con distancia. Afortunadamente, esta tendencia se está revirtiendo.

Estamos entendiendo que compartimos el mismo ADN: la primacía de las personas sobre el capital, la gobernanza democrática y el impacto en la comunidad y en nuestro entorno.

Hoy, la convergencia es una realidad. La vemos en tres niveles: muchas entidades de la discapacidad están impulsando «Cooperativas de Iniciativa Social» para la prestación de servicios, y las empresas de inserción, claves en la lucha contra la exclusión, a menudo adoptan fórmulas cooperativas.

Cuando hablamos de la futura Ley de Economía Social o de la importancia de la sostenibilidad, la Plataforma del Tercer Sector y la Confederación de Cooperativas CONCOVAL compartimos estrategia y reivindicaciones.

Cada vez más colaboramos en proyectos de innovación, economía circular o desarrollo rural, donde las cooperativas aportan el músculo empresarial y el Tercer Sector aporta la experiencia en inclusión y cohesión.

La relación es cada vez más estrecha y estratégica, porque hemos comprendido que para los retos que afrontamos nos necesitamos mutuamente.

– Acaba de mencionar la Ley de Economía Social. En efecto, existe una Ley de Economía Social a nivel estatal, y ya se han aprobado diversas leyes de economía social a nivel autonómico. ¿Cree usted que la Comunitat Valenciana debería tener su Ley de Economía Social?

– Mi respuesta es un sí rotundo, pero con un matiz estratégico fundamental que responde a la realidad de nuestro territorio.

La Comunitat Valenciana no solo debería tener una Ley de Economía Social; merece tenerla. Somos una referencia internacional en esta materia, con un sector cooperativo potentísimo y un Tercer Sector de Acción Social increíblemente denso y profesionalizado. Sería una anomalía no dotarnos de un marco que reconozca y potencie este activo, tal y como han hecho otras comunidades.

Sin embargo, esta ley debe construirse sobre cimientos sólidos y respetando la arquitectura de la Economía Social que, como bien define la Ley estatal (Ley 5/2011), tiene dos grandes almas: la Economía Social de mercado (principalmente cooperativas, mutualidades, sociedades laborales), y el Tercer Sector de Acción Social (asociaciones, fundaciones y entidades de iniciativa social que trabajan en la garantía de derechos y la lucha contra la exclusión). Ambas son Economía Social, pero sus realidades, necesidades y marcos de financiación son muy diferentes.

Dicho esto, la pregunta clave no es solo «si» debemos tenerla, sino «cuándo» y «cómo».

En el momento actual el sector de la acción social tiene una prioridad legislativa absoluta, urgente e irrenunciable: la Ley del Tercer Sector Social de la Comunitat Valenciana.

Como he explicado, esta ley es nuestra herramienta fundamental para la sostenibilidad. Es la que debe blindar el Diálogo Civil, la que debe transformar nuestro modelo de financiación, la que debe pasar del modelo de subvención al de concierto, y la que debe reconocer nuestro papel como un pilar estructural del sistema de bienestar. Este es el orden estratégico correcto: Primero, debemos consolidar los pilares, y después construir el techo común.

Prioridad 1 (Urgente): La Ley del Tercer Sector. Es la ley que necesita el Tercer Sector de Acción Social para garantizar su viabilidad y su rol de interlocución con la administración en la provisión de servicios y garantía de derechos.

Prioridad 2 (Necesaria): La Ley de Economía Social. Esta sería la gran ley «paraguas». Una vez tengamos asegurada la especificidad del Tercer Sector (con su propia ley) y reconociendo la fortaleza del cooperativismo (que ya tiene su marco), la Ley de Economía Social sería la norma que una a ambas familias, que fomente la intercooperación entre ellas, que establezca las políticas de fomento comunes y que nos posicione como un lobbyeconómico y social unificado.

El riesgo de abordar una Ley de Economía Social antes o en lugar de la Ley del Tercer Sector sería diluir nuestras reivindicaciones. Correríamos el peligro de crear una ley genérica que hable de principios, pero que no resuelva los problemas concretos de financiación y sostenibilidad que afrontan las entidades que luchan contra la pobreza, la discapacidad o la exclusión.

Por tanto, sí, necesitamos una Ley de Economía Social. Pero la queremos como la culminación de un proceso, no como una sustitución de la Ley del Tercer Sector. Primero, aseguremos el pilar de la acción social; después, construyamos juntos el gran marco de toda la Economía Social valenciana.

– El movimiento del Tercer Sector y la Discapacidad se distinguen por su intensidad reivindicativa ¿cuáles serían para usted en definitiva las principales reivindicaciones actuales que deberían atender las administraciones públicas y otros organismos en relación con el Tercer Sector Social?

– Es cierto que se nos conoce por nuestra intensidad reivindicativa, pero me gustaría matizar esa idea. Nuestra labor principal no es pedir, sino proponer. Lo que hacemos es plantear soluciones eficaces y justas a problemas que la administración, por sí sola, no puede resolver. No somos un movimiento ideológico, somos un movimiento de derechos y de eficiencia social.

Si tuviera que sintetizar nuestras reivindicaciones actuales en un único concepto sería: dejar de ser considerados un recurso subsidiario y ser tratados, de forma estructural y financiera, como la infraestructura social estratégica que somos.

Esta gran reivindicación se desglosa en tres pilares irrenunciables que hemos comentado a lo largo de esta entrevista: el primer pilar es el de la Sostenibilidad: Financiación Real para un Trabajo Real. Es la reivindicación más urgente. No podemos seguir prestando servicios del siglo XXI con modelos de financiación del siglo XX. Debemos superar el modelo de subvención. La subvención, por definición, es puntual e insegura. Nos obliga a vivir en la precariedad, sin poder planificar a largo plazo.

También en tema de financiación debemos blindar y apostar siempre por la Acción Concertada. Es la fórmula que defendemos como preferente. Un concierto social nos reconoce como parte del sistema de bienestar, nos da estabilidad y garantiza la continuidad de los apoyos a las personas.

Y financiar el Coste Real: Esta es la clave. Los precios de los módulos y conciertos deben cubrir los costes salariales actualizados por convenio, los gastos energéticos y la estructura de gestión. No podemos seguir financiando los servicios públicos a costa de la precariedad de nuestros profesionales.

Por último, la burocracia excesiva y los retrasos en los pagos están asfixiando a muchas entidades. Necesitamos una administración ágil y aliada.

El segundo pilar es el reconocimiento político. No queremos reuniones informales, queremos la constitución inmediata de la Mesa de Diálogo Civil, que es el órgano legalmente creado para nuestra interlocución.Queremos que la futura Ley del Tercer Sector blinde un cambio de filosofía. No somos el actor al que se llama cuando la administración falla; somos un actor imprescindible para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Como hemos demostrado en la DANA, las políticas públicas fracasan si no se diseñan contando con la experiencia de las personas vulnerables. Exigimos estar en la mesa antes de que ocurran las crisis, no solo después.

El tercer pilar es la «Inclusión por Defecto» como Nuevo Estándar. El «Modelo Valencia»: La tragedia de la DANA demostró que la neutralidad en el diseño de las emergencias es, en sí misma, una forma de discriminación. Las alertas no fueron accesibles y las evacuaciones no fueron inclusivas.

La accesibilidad universal, la lectura fácil y los sistemas de alerta accesibles no deben ser un anexo, sino el punto de partida de cualquier política pública, ya sea de transporte, sanidad, justicia o vivienda.

En definitiva, nuestras reivindicaciones se resumen en una: pedimos a la administración que nos trate como lo que somos. No somos un gasto, somos una inversión en cohesión social. No somos un complemento, somos la infraestructura que garantiza que nadie se quede atrás.